QUIEN CONTROLA A LOS JUECES EN COLOMBIA
Este ar´ticulo pretende solo esbozar de una manera general la necesidad de control
que deben tener las actuaciones judiciales sin que sea entendido como una censura
ó usurpación de los poderes de nuestros Jueces.
Se enlistarán los diferentes controles vigentes dentro de nuestro ordenamiento
procesal para que la sentencia sea realmente un acto que cumpla con su nalidad
primordial de resolver un conicto.
Estos métodos o fórmulas atienden mas a un criterio de índole formal velando por el
cabal cumplimiento del debido proceso en el cual se basan.
La decisión de fondo debe cumplir con la ley y debe estar soportada por una
adecuada argumentación, actividad esta que es una obligación exclusiva del juez.
La aspiración por un control de la decisión del juez desde el fondo de la misma,
vulnera el debido proceso frente al concepto del juez natural y genera un
contrasentido en relación con el mecanismo de solución de conictos llamado
proceso jurisdiccional.
Los controles mencionados, al momento de ser utilizados por el Juez o por los
demás sujetos procesales, no ofrecen la suciente claridad respecto a uso, pues
cada uno se reere a cierto aspecto formal que pudo haber sido vulnerado dentro
del procedimiento especíco.
Sería más fácil establecer un solo control que cobijara todas las posibles fallas o
yerros frente a la vulneración de principios procesales propios del ejercicio del
derecho de defensa.
Esta pretensión de univocidad se evidencia en el ejercicio de la acción de tutela por
vías de hecho, de ahí que es necesario plantearse el siguiente interrogante.
Será entonces necesario mantener los demás controles y organismos que se
encargan de resolverlos si ya tenemos un mecanismo idóneo para hacerlo como la
tutela para solucionar los yerros judiciales?
Considero que la existencia de una acción de tutela o de amparo Constitucional es
una vergüenza para el Estado, pues es el reconocimiento expreso de su propia
inecacia para cumplir con los nes que se propuso defender.
Es tan claro que nuestro Estado se encuentra tan distante del cumplimiento de los
nes que se propuso al menos a corto plazo, que tiene que apelar a mecanismos
tan abruptos para que se cumplan estos nes a algunos de sus asociados.
El profesor García Amado, en sus alocuciones dejó en el aire una reexión que
realmente me inquietó y es el hecho de que la tutela no es el mecanismo apropiado
para que el Estado logre sus nes ya que el poder judicial no es el llamado a legislar
y un Estado social de derecho no es aquél en el que los Jueces se imaginen o
denan ó el que cada habitante pretenda que sea, de acuerdo a su propia
conveniencia.
Lo peor de todo es que este individúo logra su individual bienestar a través de este
perverso mecanismo de amparo constitucional, en frente de todos los demás que al
ver este resultado optan inmediatamente al amparo sin más opción para el juez de
tutela que otorgarles benecios individuales.
El profesor García Amado rematando su idea nos decía que …”… Con una tutela se
resuelve el problema de un habitante del país mientras que con una ley se resuelve
el problema de toda la población…”.
Es preocupante pensar que en Colombia su población se sienta tan demócrata,
pluralista y participativa porque ven como día tras día mas compatriotas logran
benecios particulares en pro de la defensa de sus derechos fundamentales. La
siguiente pregunta será entonces Si los derechos fundamentales mutan a la
categoría de intereses particulares?
Nuestros Jueces dedican su tiempo a realizar actividades que no son propias de su
cargo, como la intervención en medios y en política. El tiempo restante lo dedican a
resolver de forma prioritaria las acciones de tutela que les son repartidas.
Existen dos posibles alternativas en pro de devolver al juez ordinario a su normal
actividad:
La primera sería la conversión de algunos juzgados Municipales en juzgados
encargados exclusivamente a resolver tutelas por periodos de 2 años, al cabo de
los cuales se rotaría esta competencia a los Jueces Municipales que siguen por
número o por reparto para que la actividad no se convierta en rutinaria.
La segunda sería cambiar el indicador de gestión que actualmente se tiene para
evaluar el trabajo de los Jueces que es el número de sentencias emitidas por los
tiempos de respuesta o cumplimiento de términos para proferir las actuaciones
judiciales. Esto conllevaría a que los Jueces no se preocupen por el número de fallos
a proveer lo que ha desencadenado en una problemática de calidad por el afán de
cumplir con un fallo cualquiera que sea incrementando la posibilidad respecto a la
ocurrencia de yerros judiciales ó una laxa aplicación de los controles formales.
La real solución al problema de la congestión que generan las tutelas es que el
legislador se dedique a aprobar leyes que atiendan las verdaderas necesidades del
Estado para lograr el cumplimiento de sus nes de acuerdo con el tipo de Estado.
Es increíble que algo tan simple como esta idea, sea considerada bajo nuestra
realidad como una utopía.
Mientras el Gobierno de turno y el consejo superior de la judicatura sigan
equiparando ecacia de la justicia con número de sentencias proferidas en un año,
la justicia no seguirá coja sino estática y además con mala calidad.
Mientras el legislador le siga delegando el papel de búsqueda de la ecacia en la
justicia al ejecutivo, seguiremos bajo la regla de que ecacia es igual a denegación
de justicia. Esto lo podemos evidenciar con la creación de las guras del
desistimiento cito, medida de índole administrativo, que es el ejemplo del mal
uso que se da al concepto de carga procesal.
Considero que la ecacia de la justicia no debe ser medida por el número de fallos
proferidos ni por la cantidad de procesos terminados de forma anormal aplicando
herramientas propias de denegación de justicia.
En conclusión, es una necesidad el hecho de controlar a los Jueces, esta se deriva
del principio democrático que ve en el absolutismos de los poderes su principal
enemigo, por ende es de buen recibo el pensar que la actividad judicial debe ser
controlada.
Si existen mecanismos de control judicial adecuados se aanza mas la idea de la
independencia del juez respecto a las decisiones de fondo de un conicto pues si
esta ha pasado los ltros formales y de la debida argumentación, la aceptabilidad o
universalidad de su decisión se fortalece.